Jueces de Faltas respaldan el proyecto del PRO de trabajo comunitario como sanción en General Pueyrredon
Los juzgados 1, 2, 3 y 5 enviaron informes al Concejo con condiciones para aplicarlo. La Comisión de Legislación retoma el tema este lunes 19.
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- El proyecto de Julián Bussetti (PRO) incorpora el trabajo comunitario como sanción complementaria o alternativa a las multas.
- Los juzgados municipales de Faltas 1, 2, 3 y 5 coincidieron en acompañar la idea, con observaciones sobre cómo ponerla en práctica.
- La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante vuelve a tratar el expediente este lunes 19 de octubre.
El proyecto para incorporar el trabajo comunitario como sanción en el Código Municipal de Faltas de General Pueyrredon recibió el respaldo de los jueces de Faltas que respondieron la consulta del Concejo Deliberante. Según informó 0223, los informes de los juzgados municipales 1, 2, 3 y 5 coinciden con el espíritu de la iniciativa, aunque plantean condiciones para que pueda aplicarse.
Qué propone el proyecto
La iniciativa fue presentada en febrero por Julián Bussetti, presidente del bloque del PRO. Plantea que los jueces puedan imponer tareas no remuneradas en beneficio de la comunidad como sanción complementaria o supletoria de las multas: junto con la pena económica, en reemplazo total o parcial de ella, o como medida específica para casos de reincidencia.
Entre las tareas previstas figuran la limpieza, la restauración y la conservación de espacios públicos, además de acciones a favor de entidades e instituciones que determine el Ejecutivo municipal. La reglamentación de los aspectos operativos, administrativos y de supervisión quedaría en manos del Departamento Ejecutivo.
En los fundamentos, según 0223, Bussetti sostiene que el sistema actual no siempre genera conciencia sobre el daño ocasionado ni logra repararlo para el conjunto de la ciudad. El texto pone el acento en infracciones como arrojar residuos en la vía pública, los microbasurales y el deterioro de los espacios comunes, aunque el alcance no se limita a esas conductas.
Qué dicen los jueces
El informe del juez de Faltas N.º 1, Franklin Llan de Rosos, destacó tres ventajas: el efecto pedagógico, la reparación directa del daño social y una mayor equidad, porque la sanción deja de depender solo de la capacidad económica de quien infringe.
El mismo informe advirtió que, para que funcione, hacen falta convenios con organizaciones e instituciones que reciban a quienes deban cumplir las tareas. También consideró necesario definir de antemano qué faltas alcanzará la modalidad (mencionó las ambientales, las de convivencia y algunas faltas de tránsito menores), crear mecanismos de seguimiento y control, y fijar equivalencias objetivas entre los montos de las multas y las horas de trabajo. El cumplimiento, planteó, debe ser verificable, con tutores o asistentes que certifiquen las tareas.
La jueza del juzgado N.º 2, María Paula Hernández, coincidió con esas conclusiones y agregó una advertencia: a su criterio, imponer el trabajo comunitario no alcanza por sí solo para asegurar el cumplimiento, porque el problema de fondo es educativo y excede lo que puede hacer ese organismo municipal. Los jueces Pedro López Martinucci (N.º 3) y Leandro Gabás (N.º 5) adhirieron a los informes anteriores sin sumar observaciones propias.
Cómo sigue
El expediente se trató antes en la Comisión de Legislación, que fue la que pidió los informes a los juzgados. Según 0223, esa comisión vuelve a debatirlo este lunes 19 de octubre, con los aportes de los jueces sobre la mesa, y los concejales definirán cómo continúa el trámite.
Hasta ahora, las posturas conocidas son las del autor del proyecto y las de los magistrados consultados. No se difundieron todavía las opiniones del oficialismo ni de otros bloques del Concejo.
